El mercantilismo es la primera doctrina económica y política
reconocida como tal que tuvo vigencia durante tres siglos, desde 1450 a 1750,
basada en la teoría económica que sostiene la necesidad de que el Estado se
enriquezca mediante la adquisición de la mayor cantidad posible de oro y plata,
como medio de obtener una balanza comercial positiva, es decir, de mayores
ingresos que egresos.
En lenguaje actual que sus exportaciones de productos y la prestación
de servicios de transporte, por ejemplo, fueran superiores a las importaciones
y pagos de esos servicios, generando un saldo favorable.
Esa teoría denominada mercantilismo fue desechada y en algunos casos
puesta en ridículo por las que posteriormente aparecieron, la fisiocracia
primero y el liberalismo económico después.
La última de ellas, el liberalismo vigente aún en nuestros días, puso
el andamiaje teórico necesario para impulsar el capitalismo, ya que las
condiciones para el desarrollo del mismo surgieron de las realidades
fundamentalmente de Inglaterra que pasó a necesitar del dominio de los mercados
externos para su dominio cuasi absoluto. Y a pesar de las diferencias entre
ambos conceptos económicos, mercantilismo y liberalismo, apuntaban a un mismo
objetivo, los resultados de un comercio internacional favorable era y sigue
siendo, la única garantía para asegurar el éxito económico y, consecuentemente,
también social, de los países.
Así, el capitalismo dividió a los países en dos grupos, los
desarrollados y los subdesarrollados, asignando a la primera categoría la
producción de productos industriales de producción y precios crecientes y la
segunda la de simples proveedores de materias primas.
Concebidas ambas categorías como preexistentes al propio capitalismo
industrial, las transformó en categorías permanentes, irrenunciables,
consagradas como tales mediante la teoría llamada “ley” de los costos
comprados. Que en los últimos años EEUU trató de aplicar en América mediante la
denominación del ALCA.
Un hecho derivado del análisis histórico demuestra el acierto de esta
teoría en lo relativo a la posición de los diferentes países dominantes según
como se mantuvieran al frente del dominio del comercio internacional.
Así, podemos comprobar cómo los países que dominaron las relaciones de
exportaciones/importaciones, en algunos casos por el uso de los préstamos de
dinero de las Ligas Hanseáticas, de España y Portugal y también de Holanda por
sus posesiones coloniales y fundamentalmente por más largo tiempo por
Inglaterra pasaron a constituir el grupo de países dominantes, en forma
paralela o exclusiva como es el caso de esta último.
La libra esterlina resultó ser la moneda del comercio internacional,
el transporte de mercancías se efectuaba mediante su flota mercante y sus
productos le generaban una sólida posición de incremento de riqueza interna,
similar la postulada por el mercantilismo.
Las guerras mundiales cambiaron ese orden prioridades, Estados Unidos
reemplazó a Inglaterra, el dólar fue y es aún la moneda dominante en muchas
áreas, y el comercio internacional favorable produjo los efectos positivos para
el desarrollo del país.
Por lo tanto, cuando el gobierno argentino lanza en su actual política
económica el presupuesto de reducir las importaciones innecesarias
reemplazándolas por producciones nacionales, en un modo similar al expresado
hace años por el economista Aldo Ferrer en su libro “Vivir con los Nuestro”, no
hace más que responder a una decisión política que sustente y garantice el
desarrollo nacional y las decisiones de inclusión social como objetivos
indeclinables de nuestro pueblo.
Claro que las condiciones actuales no son las vigentes en las épocas
del mercantilismo o de de la creación del liberalismo, y menos aún a las
decisiones impuestas por los estados dominantes de considerar como categorías
definitivas a los países definidos como países subdesarrollados que no poseían
otra posibilidad que la de ajustarse a las mismas como un castigo divino y
definitivo, dado que la actualidad demuestra lo contrario siempre que se lleve
a cabo políticas adversas a los intereses de los países dominantes, entre las
que se incluye, fundamentalmente, la unidad latinoamericana decidida al
desarrollo del comercio interbloque, la creación del bando latinoamericano y
otras medidas.
Pero a pesar de las medidas adoptadas por cada uno, el problema actual
del comercio internacional es mucho más complejo que tiempos ha y es
prácticamente imposible sostener, como lo hacían los mercantilistas, que los
resultados sean siempre favorables con todos, aceptando un grado de dependencia
de las importaciones inevitables, pero ello no autoriza a negar la
indispensable intervención del Estado en la regulación de las importaciones
como pretenden los defensores del liberalismos, fieles a sus posiciones
clásicas, todo lo resuelve el mercado, la intervención del Estado es negativa.
Concluyendo y con esta breve explicación de este tema de discusión
actualizada, todos debemos aceptar y deben aceptar los sectores que privilegian
sus intereses privados por sobre los del interés general, que si bien las cosas
han cambiado mucho desde la época de imposición del pensamiento mercantilista y
su posterior seguidor el liberalismo, sigue vigente la conveniencia de que el
Estado regularice las importaciones de modo de mejorar los resultados del
comercio internacional como condición sine quantum que conduzca al éxito de la
política económica nacional sin graves alteraciones en su marcha.
No aceptarlo, es lo mismo que proponer el regreso a tiempos recientes
durante los cuales se cubrían los déficit en el comercio internacional y aún en
las cuentas fiscales con créditos internacionales cuyos efectos negativos están
en la memoria de todos los argentinos.
Sintéticamente, el gobierno puede y debe regular y prohibir todas las
importaciones que no sean necesarias al interés general con la sola limitación
de habilitarlas cuando sean necesarias como complementarias de la producción
nacional.
Los objetivos fijados por el mercantilismo y por el liberalismo
económico siguen siendo correctos con la diferencia de que esos objetivos deben
ser establecidos por el Estado y los gobiernos a carga y no por las
“decisiones” del señor mercado.
Lunes, 16 de enero de 2012