El
sistema democrático como actualmente se lo conoce, o creemos conocerlo, se puso
en ejecución en paralelo con la denominada Revolución Burguesa unos años
después de la Revolución Francesa, dando lugar a los gobiernos elegidos por el
pueblo (aunque no todo el pueblo sino solo integrado por los poseedores de
bienes, pagadores de impuestos y otras condiciones que determinaban que ese
“pueblo” pertenecía solo a los que esas condiciones restrictivas les
reconocían).
Claro que desde el comienzo en sus formulaciones teóricas quedó
establecido que ese novedoso régimen estableció que ”todos los hombres
eran iguales ante la ley”. Lo que no pudo resolver ni establecer, dado
que la democracia acompañó desde casi sus inicios al naciente capitalismo
que, renegando de esa igualdad ante la ley, trata a todos los hombres
en forma desigual, amparado en el sagrado derecho de la propiedad privada.
Si bien el Código Penal no
reconoce la igualdad de todos ante la ley y que los jueces juzgan en forma
diferente a un rico que un pobre, aceptémoslo para explicar más claramente
nuestras observaciones.
Si cuando se vota, hoy día
superadas las trampas de los fraudes y de los rellenos de cráneos que
dificultan la cualidad de esa opinión –voto, todos los ciudadanos valemos
igual, un hombre un voto, no es así en el caso de nuestro otro carácter social,
el de una persona en el terreno civil.
Iguales, dice la democracia
para los derechos del voto, pero no somos iguales cuando, por ejemplo, estando
desocupados vamos a solicitar un empleo y el empresario fija las condiciones
para decidir si nos toma o no. Entre ambos, existe una desigualdad total, más o
menos como la que puede existir entre el “hambre” y las “panzas llenas”.
Las diferencias entre los
niveles económicos destinados a satisfacer nuestras necesidades y también las
de nuestras familias y los del empleador son, absolutamente enormes e
insuperables. En este campo NO SOMOS IGUALES NI LO SEREMOS JAMAS POR MAS QUE LA
DEMOCRACIA SOSTIENE FALSAMENTE QUE SI.
Y esto es así porque las
razones adversas priman sobre toda otra condición y el DISCURSO DEMOCRATICO NO
LAS INCLUYE.
Los que manejan la sociedad
son los poseedores de los diferentes bienes, con lo cual llegamos a la primera
conclusión a la cual queremos demostrar: La que vivimos no es una democracia
que apunte a la igualdad entre todos sino que hay que redefinirla como
una DICTADURA DEL CAPITAL.
Sintetizando, el que manda
es el CAPITAL. El que decide es el CAPITAL. Por lo tanto no somos libres
sino esclavos de todas sus decisiones.
Claro que a veces existe
una ventana o ventanita que si bien no soluciona totalmente este hecho
fundamental, lo corrige en mayor o menor parte. Esto sucede cuando, utilizando
el derecho al voto, lo hacemos por una ideología política que interponga entre
los dominantes de la economía y nosotros, sus esclavos, leyes que rectifiquen
los abusos; y el que puede hacerlo es el Estado que basado en conceptos de
igualdad indispensable como condición para alcanzar la libertad las vaya
desarrollando mediante el dictado de leyes, normas y paradigmas culturales que nos
dirijan, como sociedad, hacia ese destino liberador. Es decir, que no solo como
ciudadanos adquiramos la supuesta libertad, negada en parte por el mismo
sector dominante, sino que la logremos vivir en una sociedad de seres humanos
iguales y libres.
Pero si bien, en principio,
hemos reconocido que el sistema democrático nos asegura derechos iguales ante
la ley, un hombre un voto, veamos ahora como los que lo defienden están
comenzando a arrepentirse y por lo tanto a negarse con una nueva y arbitraria
manera de razonar.
En la democracia de
un hombre un voto, el que gana y tiene el derecho de ejercer el gobierno es
aquél que obtiene más votos. Pero cuando así sucede aparecen razonamientos
insólitos que apuntan a condicionar ese derecho.
Por ejemplo, en nuestro
país se ha hecho carne en todo el grupo opositor, denominado o ex denominado
grupo A, hoy en desbandada, en los medios monopólicos de desinformación, en los
periodistas y aún en los diputados y senadores que deben actuar en
minoría en el parlamento.
El “invento”, que podríamos
calificar como gracioso si no fuera porque es en realidad una puñalada trapera
en contra de la libertad de expresión que elige a sus representantes, que el
que gobierna porque ganó ese derecho en un acto eleccionario limpísimo, con
mayorías en ambas Cámaras, no tiene ni posee la potestad de imponer sus
decisiones.
Algunas, más extremistas
sostienen que solo deben gobernar para mantener el statuo quo, es decir,
cambiar sin cambiar nada.
Otros y el caso de estos
días son más ridículos aún que arriesgan sin pudores su propia auto estima,
su propio derecho a no pasar vergüenza, como es el caso del diputado del
PRO, Pineda, portador de un apellido que nos retrotrae a los diez años del
fraude, la llamada Década Infame, mediante el recuerdo de su abuelo
o bisabuelo que ejerció el cargo de ministro de Economía de la Nación, que
sostiene que la disputa por el tema del subterráneo de Buenos Aires no debe ser
tratado por el Congreso Nacional porque el gobierno tiene mayoría y ya se sabe
quién impondrá sus criterios, sino que debe ir a la legislatura de la
ciudad en cuyo cuerpo la mayoría le corresponde al “señorito y patán”
Macri.
Como para muestra basta un
botón dejamos estos ejemplos en el convencimiento de que podemos citar, en el
país y en el mundo casos similares de estos pícaros que están inventando
una nueva democracia, falsa, totalmente falsa.
Jueves, 8
de marzo de 2012
