Cada
vez que un juez dicta una sentencia surgen de inmediato diferentes voces que lo
acusan, cuando es contraria a sus intereses y simpatías, de ser parcial,
sobornado, vendido, incorrecto, injusto y otros calificativos mucho más
groseros.
Con algunos de esos jueces se hacen acusaciones directas, con nombre y apellido, en tanto que
en otros casos esos epítetos van dirigidos a la justicia incluyendo a todos los
jueces, sin distinguir a ninguno; por lo cual podemos afirmar que en el país la
justicia es una porquería.
Lo destacable es que ningún
juez en particular ni tampoco las asociaciones de esos magistrados sale en
defensa de los mismos, rechazando esos infundios en tanto no se prueben, y al
no hacerlo, justifican en parte, la veracidad de esas acusaciones.
Por si eso fuera poco, la
Corte Suprema Nacional tampoco se ocupa del asunto dejando que cada uno
supuestamente perjudicado, se queje, dude, acuse y por lo tanto lesione la
denominada majestad del poder judicial, con el agregado de que los jueces al
permanecer en los cargos ad-vitam, pueden llegar a ser si en realidad lo son
genuflexos, serviles, tramposos, vendidos, acomodados, fáciles de influir,
etc., etc., y, por lo tanto, al no haber respuesta ni de parte de los jueces
individualmente, ni de sus asociaciones, ni de parte de la Corte, se permite,
tácitamente, que todos los insultos y dudas sean en principio aceptados por la
opinión púbica haciendo que las dudas se
hagan carne en todos, que al hacerlas propias terminen coincidiendo con ese
juicio que les permite aceptar a todos
que la JUSTICIA ES CIERTAMENTE UNA PORQUERIA.
Y este convencimiento
popular comenzó en el país hace ya muchos años tantos que para probarlo basta
referirnos a los versos del famoso
Martin Fierro, cuando recomienda “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es
bueno tener palenque ande ir a rascarse”.
Nosotros pensamos y
sostenemos que si todos los argentinos tenemos el mismo convencimiento, según
la opinión lógica y absoluta, EL PAÍS NO TIENE JUSTICIA y, como sin justicia no
pude funcionar, el país no funciona.
Cuando llegamos a este
convencimiento DE QUE UN PAÍS SIN JUSTICIA CARECE DE LAS BASES MINIMAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO, se deben adoptar medidas
para restablecerla. Y la Corte Suprema debe tomar a su cargo el comienzo de una
solución.
Para ello tomemos algunos
ejemplos recientes referidas a las acusaciones y sospechas contra los jueces y
alguna Cámara, ambas acusaciones pronunciadas en programas televisivos y
replicadas en algunos grandes diarios como CLARIN Y LA NACION.
Uno de esos casos hace
referencia al juez Oyarbide con relación al juicio oral para Macri, el otro por
la eliminación o apartamiento del juez Rafecas y el fiscal Ribolo, ambas
resoluciones acordes con la ley y las costumbres procesales. En el caso Macri
la resolución está avalada por la Cámara por lo cual al juez se le agregan como
sospechosos tres jueces camaristas; en el caso de Cicconi y las acusaciones
contra Boudou, tanto el juez como el fiscal fueron apartados por sus
incorrecciones públicas adoptadas en sus declaraciones y procedimientos, es
decir, separados por razones legales, el juez baboso que comentó con una
periodista temas que no correspondía y además, con un amigo abogado hizo lo
propio, adelantando juicios y posibles alternativas, el fiscal porque facilitó
a Clarín el conocimiento del allanamiento de un departamento, con lo que logró
que varios periodistas y fotógrafos concurrieran al acto que era parte del
secreto del sumario. Pese a ellos, los Morales Sola, los Eliaschev, los Lanatta
y otros más echaron a rodar la ilegalidad de esos apartamientos, pese a lo cual
nadie se animó a apelarlos.
Con estos ejemplos basta y
la Corte tiene en sus manos la adopción de medidas necesarias para solucionar
este tema. Debe dictar una norma legal que toda acusación contra la conducta u
honorabilidad de un juez debe ser efectuada mediante una presentación judicial avalada con el patrimonio del
acusador, caso contrario si no lo hace pero las formula verbalmente por los
medios de comunicación de TV o radios o por escrito en diarios u otros, será
sancionado con una multa altamente dolorosa.
Y esta solución no tiene
nada que ver con la libertad de expresión, ya que esa libertad no puede amparar la mentira o el engaño interesado cuya finalidad es la
destrucción de la Justicia.
Nadie puede, ningún
ciudadano dedicado a cualquier actividad puede, emitir acusaciones falsas sin
sustento, destinadas a socavar el funcionamiento de la Justicia dado que en
realidad apunta al NO FUNCIONAMIENTO DEL PAIS.
Jueves,
24 de mayo de 2012
