Cuando
los bancos otorgan créditos solicitados por los particulares para ser
destinados a la construcción de viviendas individuales y lo mismo sucede
con empresas de la construcción con dinero aportado por grupos de personas
denominados aportantes, a lo que se suma, además, los proyectos desarrollados
por los propios gobiernos nacional, provinciales y hasta municipales, sin que
ese conjunto tenga en cuenta la capacidad limitada en el país de la oferta que
ofrece los materiales de construcción necesarios, es lógico esperar que la
relación de oferta y demanda genere, por incremento de esta segunda parte
de la ecuación, un incremento de precios.
Aumento a veces lícito y justificado y en otros casos totalmente
especulativos ya que existen oferentes en esta rama que dominan el
mercado dado su condición de oligopolios que se aprovechan de esa dis-relación
entre la demanda y la oferta para incrementar sus precios produciendo una
escalada de inflación acelerada. Con el agravante de que la industria de la
construcción, dada su íntima relación con otras complementarias impulsan, entre
todas, una inflación muy difícil de controlar.
Así, por ejemplo, aquél
particular beneficiario de un crédito bancario que lo percibe en dinero,
encuentra que a medida que su edificio avanza el costo inicial sube en cifras
muy significativas que lo obligan a solicitar nuevas sumas adicionales para
satisfacer su objetivo. Termina así, con un costo de construcción mucho más
elevado que pone en peligro ese objetivo de poseer “la casa propia”.
Como falla final también se
da el caso de que el monto de crédito solicitado lo obliga al abono de
cuotas mensuales muy elevadas muy difíciles y hasta imposible de ser
satisfechas, llegando el caso, muy grave, de que el mercado al reconocer por su
vivienda un precio de venta inferior al costo, pierda todo su dinero y se quede
sin casa.
Algo así recordamos que
sucedió hace unos años en la provincia de Santa Fe dada la llamada norma o ley
1025, donde esta situación se dio perjudicando a muchos.
Un desarrollo similar se
acaba de dar en los Estados Unidos produciendo el inicio de una crisis
fenomenal que dejó el tendal de víctimas y que para no afectar a los
Bancos el gobierno de ese país solucionó mediante la ingente emisión de
dólares, no para salvar a esas víctimas sino a los bancos que la provocaron,
todo de acuerdo con la mentalidad apoyada en el principio de que “entre bueyes
no hay cornadas”, para salvarlos de sus “errores”.
Bien, la descripción hecha,
avalada por los dos ejemplos recientes, determinan la necesidad de decidir
alguna política que evite su repetición, y a eso vamos, apoyados por una experiencia
desarrollada hace unos años en Méjico, que nos parece posible de ser aplicada
en nuestro país.
Una política que puede ser
imitada por todos pero que recomendamos a los gobiernos que, decidiendo la
construcción de viviendas públicas en cantidades elevadas, deben tratar de
evitar que sus propósitos se vean perjudicados por estas posibilidades muy
reales de que la inflación en los materiales terminan perjudicando sus
propósitos de beneficio popular.
Es una decisión y política
que apunte a sacar a los materiales de construcción del mercado que funciona de
acuerdo, según lo quieren hacer creer, de la oferta y la demanda, en la
realidad, de las decisiones de los oligopolios que ese grupo maneja a su entera
voluntad.
Sacar del mercado a todos
los materiales destinados a la construcción significa que cuando la demanda
aumenta por la decisión de particulares, empresas o gobiernos, los precios
puedan quedar estables del principio al fin, salvo razones muy ponderables que
justifiquen su alteración.
Veamos cómo debería
funcionar esa política para lograr esos propósitos:
Supongamos que una esfera
de gobierno decida la construcción de 200 viviendas que, lógicamente, deben
obedecer a criterios de homogeneidad, es decir, casas iguales destinadas a un
matrimonio con dos hijos, en terrenos de la misma extensión.
Calculados los materiales
principales y accesorios se llegará a los totales necesarios para la
construcción, determinándose, además, el tiempo de terminación final y los
grados de avances parciales.
El gobierno llamará a una
licitación pública destinada a todas las empresas que así lo deseen para que
ofrezcan los precios de cada uno así como su compromiso de mantenimiento por
todo el lapso de construcción; las empresas se beneficiarán dado que se
aseguran una demanda alta que satisfaga el uso de su capacidad de producción,
quedando el gobierno bajo la responsabilidad de que se satisfagan los plazos
acordados; el incumplimiento de ambos aspectos, provisión y plazos serán
sancionados con total severidad. Si, además, se viera la conveniencia de
separar la provisión de los materiales de las empresas de construcción el
convenio se ampliará convenientemente.
Por otra parte no hay que
olvidar que un funcionamiento similar rige actualmente en lo relativo a las
cooperativas de mano de obra, con lo cual el plan puede llegar a ligar a todos
esos sectores ampliando sus objetivos de otorgar viviendas y trabajo a
todos ellos.
Pero también podemos pensar
en otros casos, los de construir viviendas con el objetivo de que los beneficiarios
las adquieran, por ejemplo mediante un crédito bancario que no sería satisfecho
mediante la entrega de dinero sino que el banco los cubriría mediante la
entrega de material contra certificados de obra certificados, acordando con los
productores el mantenimiento de los precios sin modificación a lo largo de todo
el período establecido hasta la terminación.
Aunque el proyecto aparezca
como excesivamente complejo no lo es y puede funcionar rápidamente si existe la
voluntad política de llevarlo a cabo.
Viernes,
2 de marzo de 2012