Desde
la reforma de la Constitución Nacional las provincias argentinas han recuperado
todos sus derechos sobre los recursos naturales, con las limitaciones impuestas
por el Código de la Minería impuesto por el gobierno menemista que incluye
cláusulas excesivamente favorables en favor de las empresas, muy limitadas en
su número por las características muy especiales de la explotación de los
minerales a las cuales se dedican y por lo cual es bastante compleja la posible
anulación de los beneficios acordados, ya que si fuera así, daría lugar a un
serio conflicto entre el país y la justicia internacional que difícilmente nos
otorgara la razón, es decir, casi imposible de obtener una solución favorable
para el país.
Este es el marco legal que no puede ser dejado de lado. Por otra
parte, es necesario reconocer en favor de las Provincias, sobre todo las del
cordón andino que en esos recursos naturales reconocen las mayores riquezas,
que al ser extraídas les permitirán un claro avance en sus desarrollo, dado que
son fuentes de mayor ocupación de personas y de recursos monetario a sus
menguados presupuestos provinciales.
Establecidas estas
condiciones, que por otra parte son las que vienen funcionando sin mayores
conflictos desde hace más de 10 años, con el agregado en estos últimos tiempos
de nuevas explotaciones, examinemos las razones de los conflictos que se vienen
generando en varias Provincias que, no obstante esos reconocidos derechos, se
basan en otras que las exceden derivadas del perjuicio que las mineras, sobre
todo las de cielo abierto, producen o producirían al medio ambiental, ya
que se afirma, al utilizar cianuro y otros componentes perversos así como la
generación de enfermedades en los habitantes provinciales y quizás también en
las poblaciones restantes más o menos próximas y utilizando cantidades de
las aguas regionales en gran exceso, las eliminan de las posibilidades de
su uso común.
Así las cosas, el País en
su conjunto se encuentra ligado a un conflicto potencial y real que viene
produciendo desde enfrentamientos callejeros producidos entre unos y otros de
los pobladores más cercanos a las explotaciones mineras, llegando a producir
como es un caso muy reciente desagradables represiones muy agresivas realizadas
contra el grupo de pobladores que ejerciendo el derecho inatacable de
protestar han sido lesionados por las fuerzas del orden.
¿Qué debe o debería hacer
el Gobierno Nacional teniendo que respetar los derechos de las Provincias por
un lado pero al mismo tiempo interviniendo decidida y eficazmente en la defensa
del medio ambiente y los demás perjuicios que se alega las explotaciones
mineras producirían? Todo ello en la medida en que el Gobierno Nacional
es como tal, un gobierno que debe ocuparse de los derechos y obligaciones
de todos los argentinos, ante lo cual no puede oponérsele ninguna razón legal o
de hecho que se lo impida.
La primera medida a poner
en marcha es la de demostrar (ante todos los grupos, incluyendo en ellos a los
gobiernos provinciales y las empresas mineras y las poblaciones), determinar
fehaciente y definitivamente la VERDAD, que significa que si las explotaciones
a cielo abierto lesionan el medio ambiente, generan enfermedades, uso
indebido de las aguas u otras lesiones, deben impedirse definitivamente. Si no
fuera así y la VERDAD diera la razón a los que niegan esos perniciosos
efectos, darle curso a las explotaciones tomando la total responsabilidad
como gobierno de emitir sus conclusiones como si fuera una declaración jurada
de la cual todos los actuantes serán personalmente responsables, poniendo hasta
sus bienes personales como garantía de la VERDAD que asumen como real e
innegable.
Para llegar a tal afirmación,
verdad si o verdad no, el gobierno nacional deberá disponer con su total apoyo
monetario a citar a especialistas nacionales e internacionales que avalen los
resultados, por lo cual y a fin de eliminar una opinión falsa comprada como el
voto de los senadores mediante la famosa Banelco, colocar a todos ellos bajo
los alcances de las sanciones establecidas para los funcionarios que
comprometan su responsabilidad total con sus firmas en el informe.
Es la única forma en que se
pueda alcanzar LA VERDAD en este conflicto para tranquilidad de todos y
asimismo para beneficio de todos.
Lunes, 20
de febrero de 2012
