Noticias
aparecidas en los diarios nos hacen saber que las autoridades de la UBA
mantienen, pese a las observaciones hechas públicas no solo por los
directamente interesados sino también por opinantes en general, su decisión con
respecto a que todos los docentes universitarios que cumplen 65 años durante el
transcurso del corriente 2012, deberán, manu militari, pasar a la categoría de
jubilados, decisión adoptada en contradicción de la norma existente que
autoriza a los referidos, por voluntad propia, a proseguir hasta la 70 años se
así lo resolvieren.
Hemos dado a conocer recientemente nuestra opinión poniendo en
evidencia que con esta medida la Universidad perdería la posesión de un capital
docente acumulado durante años por lo cual procedería a un vaciamiento
arbitrario y altamente peligroso al similar que suelen ejecutar los malos
empresarios para ocultar sus desastres por equívocos manejos de sus negocios o
como se suele decir porque “el mercado los castigó”.
No obstante hacíamos notar
que esa misma Universidad debía fomentar la incorporación de nuevos docentes
que, por su condición de jóvenes con sangre y conocimientos renovados, tienen
todo el derecho a que los “viejos” profesores por la simple condición de ser mayores y haber
llegado antes se transformaran en “tapones” sin límites destinados a
mantenerlos fuera de los claustros, quizás en términos indefinidos y muy
prolongados.
Pero al mismo tiempo que
mencionábamos esta dicotomía que pudiera transformase en un enfrentamiento
insoluble, destacamos que la solución correcta, que es la que aparece en las
disposiciones de la UBA pueda ser
consideradas como la única posible, lo que no es.
Tirar a la basura un
capital docente probado y eficiente, dado que si no fuera así las causas de la
jubilación deberían ser anticipadas por otras referidas a la eficiencia y
rendimientos, etc., es un craso error porque como lo llevamos dicho significa
un proceso de “descapitalización” docente que no garantiza de ninguna manera su
reemplazo por un nuevo capital por lo menos equivalente para su reemplazo
inmediato. Máxime cuando debemos poner de manifiesto que todas la Universidades
Nacionales funcionan en la actualidad con una grave disrelación entre la
cantidad de docentes y el número de alumnos que la norma impuesta por el
ingreso irrestricto viene diferenciando
sin intermitencias, sumado ello a las mejores condiciones de los jóvenes para
acceder al tercer estadio educacional otorgados por la actual política
económica favorable a una mejor distribución del ingreso, menor desocupación y
la dación por hijos. Antes que jubilar docentes las autoridades de la UBA
debería poner sus esfuerzos en la obtención de un incremento presupuestario
destinado a resolver esa disrelación así como las ampliaciones edilicias
indispensables para darles cabida a todos los que deseen incorporarse a este
tercer nivel del proceso educacional.
Claro que a veces, como en
toda organización que debe obrar a partir de un nivel intermedio, dependiendo
de las autoridades superiores y aptas en cambio para disponer sobre el destino
de los sectores dependientes, optan por lo más sencillo, no reclamar hacia
arriba y disponer autoritariamente hacia abajo, agravando en vez de resolver
los problemas que los afectan. Y contrariamente agravarlos.
Finalicemos con un
comentario referido a una circunstancia real que sucede en todas la
Universidades Nacionales. Hace año, un futuro docente se lo incorporaba en la
calidad de interino para someterlo en lo inmediato a un concurso para su
designación definitiva mediante el cual se garantizaba sus condiciones y
capacidades para su desempeño posterior.
Hoy día es costumbre que
por diversas razones fundamentalmente por razones presupuestarias que la designaciones interinas se prolonguen
por años y años, determinando un grado de inestabilidad angustiante dado las
posibilidades de cesación arbitraria y atémpore.
Las autoridades
universitarias desde los niveles de Rector y Consejos Superiores hasta los de
Decanos y sus Concejos Directivos se constituyen, basados en su pertenencia a
sectores ocasionalmente dominantes en dadores de cargos para docentes y
empleados simples o jerárquicos de sus adherentes a veces, sin ningún respeto
por las calidades de los designados que solo deben poseer un grado elevado de
pertenencia al sector político que les brinda cobijo.
La autonomía universitaria
respetable y correcta para otros destinos se transforma así en una ventaja
desleal para aquellos que poseyendo condiciones y capacidades superiores se ven
postergadas incorrecta y arbitrariamente.
No acusamos a nadie pero nos preguntamos, en esa
cesación masiva de 650 docentes ¿cuántos cargos se otorgarán para reemplazarlos
con la simpleza del Interinato que lo permite, sin dar razones ni
justificativas a los amigos y seguidores que de las autoridades universitarias?
Por ahora, nuestra
conclusión es que la UBA corre el riesgo de sufrir una disminución en sus
niveles de enseñanza no garantizando de reemplazos eficientes, todo ello por la
elección de una medida deficiente que exige su reemplazo por una solución que,
atendiendo todos los intereses de los
docentes actuales, los de los jóvenes capaces que buscan su lógica y respetable
incorporación y, fundamentalmente, los de los alumnos a los cuales es una
obligación permanente ofrecerles sin interrupción los niveles de educación
superior; a lo que la decisión de la UBA no atiende bajo ninguna razón
valedera.
Viernes,
8 de junio de 2012
