La
derecha y los derechosos ante cualquier acontecimiento social, que infrinja una
ley, solicitan aumento de penas, al margen de la magnitud, edad o sexo, de los
infractores. Pero omiten hacer referencias a su propia conducta.
En general, todo argentino tiene una opinión negativa con respecto a
la política y a los políticos que se expresa con una fraseología sintética:
”son todos chorros”.
Los empresarios, que con
toda seguridad evaden los impuestos que se les imponen a sus actividades,
reunidos en un bar a tomar un cafecito, expresan esa opinión muy sueltos de
cuerpo, en tanto evaden la casi totalidad del IVA, de Ganancias y también si
pueden con una “buena” organización interna, los aportes patronales y también
las retenciones impuestas a su personal. El trabajo en negro es una avivada que
compete a todos los que pueden utilizarlo.
Otro tema, es el no pagar
sobre las nuevas construcciones o los agregados a las existentes, por lo cual
no abonan el impuesto inmobiliario provincial emergente. Al mentir con respecto
al IVA se miente también con relación a los impuestos municipales derivados del
mismo hecho imponible. El trabajo en negro se reitera en las ventas en negro,
con un ejemplo fenomenal que se reitera en los mercados de abasto que cuando
quiso corregirlo, le costó la primera huelga que perdió al hombre que todo lo
podía, o sea Perón.
Los únicos que sufren el
pago de sus obligaciones dado que las deben satisfacer ante los denominados
agentes de retención, son los trabajadores, empleados y demás, a los cuales
esos agentes les hacen las retenciones legales correspondientes, con la
“ventajita” de que esos valores que deben depositar en los primeros días del
mes siguiente, quedan en su poder aun con el riesgo de ser descubiertos, con la
ventaja de que si ello sucede no serán considerados como ladrones sujetos a
la leyes penales sino denominados evasores que podrán cumplir sus robos
con plazos e intereses especiales, sin salir en los diarios ni en los
noticieros.
Las leyes amparan esas
conductas, existen ejemplos en el país relaciones con los robos de mercaderías
que descubiertos por los propietarios o encargados, sufrieron la agresión
física del asaltante, lo que motivó una sanción por “robo con agresión” de ocho
años, si, 8 años de prisión.
El evasor que puede
calificarse como un ladrón que agrede a toda la sociedad, recibe una
sanción que no pasa más allá de los intereses punitorios.
Todos somos infractores,
titulamos este trabajo, aceptando que alguno se queje de esta generalización,
pero que nos perdone si exageramos, lo que es producto de nuestra condición
profesional, que ha vivido todas estas experiencias que son totalmente reales y
comprobables. Es una conducta “argentina” que podemos asignar también a
todos los ciudadanos del mundo.
El dinero “dulce” tiene una
dulzura especial, como pasar un semáforo en rojo, una avivada justificable y
aplaudible, aún a riesgo de que quienes la ejecutan pierdan su propia vida, y
la sus familias, o la de los transportados por un colectivo.
Quizás, como resultado de
este segundo análisis debamos extender que lo que estamos refiriendo es un
comportamiento referido a la condición humana.
Lo notable o por lo menos
lo rescatable es que el Estado puede obtener mejores comportamientos a TODOS
los infractores, mediante el dictado de normativas destinadas a sancionarlas y
antes para verificarlas.
En primer lugar, normativas
que amplíen la calificación de responsables al margen de los valores monetarios
afectados, como rige en el impuesto a las ganancias, bajo el concepto de que
antes que el valor de la infracción debe ser anticipado y, por lo tanto,
juzgado, por lo tanto, por la conducta que conlleva y habilita esa infracción.
Por ejemplo en Página12 de
fecha martes 7 de febrero de 2012, se nos hace saber que en la Pcia. de Buenos
Aires se ha localizado un country no declarado.
Si existe la
responsabilidad ineludible del profesional ingeniero o arquitecto, o
propietario o empresa del loteo, por qué no juzgarlos como responsables de la
denuncia del final de obra, o por qué no se extiende a la sanción en
inhabilitar la propiedad adquirida para sacarla a remate púbico, como sanción
de máxima.
Lo mismo, con los
profesionales contables que certifican balances elaborados sobre la base
de datos falsos, con disminución de las existencias, mejoras pasadas a gastos,
ventas en negro, declaraciones de sueldos y salarios incrementados,
anormalidades pasadas a costos, capacidades normales incorrectas, vidas útiles
menores a la real, y un sinfín más que podríamos seguir agregando, como la de
síndicos que en vez de representar y vigilar los intereses de los accionistas
menores se suma a las resoluciones dictatoriales de los directores.
Y la de los directores de
sanatorios y hospitales que adquieren productos medicinales vencidos o con
fecha muy próxima para ello pagando menores precios.
Quedan muchos más en todas
las actividades de lucro que no cumplen con sus obligaciones fiscales en las
cuales participan los responsables directos y sus colaboradores.
Como ejemplo final citemos
el caso de una gran empresa de auditorías mundial que acompañó en años
recientes a una gran empresa que usando una metodología incorrecta, presentaba
estados contables destinados a generar falsos incrementos accionarios.
Cuando en nuestra condición
de miembros activos de la APDH propusimos que la primera medida del gobierno de
Alfonsín fuera la de liberar de las obligaciones jerárquicas a
todos los componentes de las fuerzas armadas de modo que tuvieran libertad
absoluta para dar a conocer todos los actos incursos en desconocimiento de los
derechos humanos de los que tuvieran conocimiento, sostuvimos una similar
posición con respecto a todas las inconductas como las referidas, al margen de
su importancia y consecuencias, pero todas basadas en nuestras propias
inconductas de las cuales somos exclusivamente responsables.
Martes, 7
de febrero de 2012